El Debate del Estado de la Región vuelve a poner sobre la mesa el conflicto de los educadores infantiles. El PSOE ha aprovechado esta cita para señalar directamente a Isabel Díaz Ayuso y responsabilizar al Gobierno regional de sus condiciones laborales. Los educadores de las escuelas infantiles llevan meses en huelga para reclamar mejoras salariales, reducción de ratios, una segunda profesional por aula y el reconocimiento de su categoría.
Mientras las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, la socialista Mar Espinar ha responsabilizado directamente a Isabel Díaz Ayuso de la situación. La reducción de ratios en la etapa de 0 a 3 años corresponde al Gobierno central tras la modificación de la LOMLOE en 2020. De hecho, el Ministerio de Educación trabaja actualmente en una reforma legislativa para abordar esta cuestión, pese a que desde el Ejecutivo central se haya querido trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas.
En materia salarial, las condiciones económicas están recogidas en el convenio colectivo firmado por patronal y sindicatos en mayo de 2025 y deben resolverse en el marco de la negociación colectiva. La Administración no puede sustituir a las partes en una negociación que corresponde a sindicatos y patronal. A este conflicto laboral se suma ahora su instrumentalización política por parte de la izquierda madrileña.
Las movilizaciones han contado con el respaldo de formaciones como Más Madrid, mientras la portavoz de esta formación en la Asamblea llegó a asegurar que las camisetas amarillas que llevan los educadores durante la huelga eran “lo más bonito” que tenía Más Madrid. Una declaración que evidencia la estrecha vinculación entre la formación política y unas movilizaciones que, pese a presentarse como un conflicto estrictamente laboral, han terminado convirtiéndose también en un nuevo frente de confrontación contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Así, mientras la izquierda madrileña señala a Isabel Díaz Ayuso, las competencias y los propios contratos apuntan a distintas responsabilidades: el Gobierno central tiene la competencia sobre la regulación de las ratios y las condiciones salariales deben abordarse en la negociación colectiva. Los educadores continúan esperando una solución. Y las administraciones responsables de cada una de las reivindicaciones deben asumir sus competencias en lugar de convertir el conflicto en un nuevo ataque político contra la Comunidad de Madrid.