En los últimos días estamos asistiendo a un nuevo episodio de la serie de éxito del actual Gobierno de España, el abuso indiscriminado de la figura del Real Decreto-Ley, esta vez el capítulo era sobre el «Ahorro Energético».
Según la Constitución, el Real Decreto-Ley es una figura extraordinaria y limitada, pues, es una excepción a la Separación de Poderes en tanto que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, legisla, lo cual corresponde, como su propio nombre indica al Poder Legislativo.
Artículo 86 de la Constitución Española:
- En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
- Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Pero, a diferencia de anteriores Gobiernos, tanto Socialistas como Populares, el actual, al que podríamos considerar como el Gobierno de los Excesos, ha hecho uso de esta figura extraordinaria, en cuatro años se acerca, con una cifra hasta hoy de 125, al récord marcado a lo largo de 12 años por Felipe González, quien hizo uso de ellos en 130 ocasiones. Para seguir con la comparativa, Rajoy hizo 108, Zapatero 107 y Aznar 127.
Debe ser que el Gobierno de Sánchez entiende lo extraordinario de forma distinta al resto de españoles, o tal vez el problema es que sin debate en el Congreso, evita que el resto de partidos puedan ejercer la labor constitucional de control del Gobierno y de Oposición, o que el debate pueda sacar a relucir las verguenzas de la redacción de dichos Decretos, o tal vez el problema es que Sánchez, conocedor de la debilidad de su Gobierno, no quiera tener que enfrentarse a la posibilidad de que sus socios no le aprueben las leyes o que tenga que pagar ese apoyo con caras concesiones, ¿a quién, a los de siempre?
El último de esta larga lista ha sido el «Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.» Un Decreto plagado de polémicas y al cual le han salido detractores por todas partes, e incluso, como veremos en otro artículo, puede que hasta sea inconstitucional, lo cual supondría que una vez más el Gobierno se ha excedido en sus funciones, incumpliendo leyes, como ya hizo con los Estados de Alarma. Pero bueno, si este Gobierno cercenó la libertad de movimiento de forma ilegal y no pasó nada, por qué iba a pasar ahora.
Por último, resulta curioso el actual Gobierno nos pida que ahorremos cuando es el mismo Gobierno que necesita un helicóptero para ir a coger un avión para irse de vacaciones, que necesita más Ministerios que los Gobiernos anteriores, que aumenta los salarios de los amigos a los que coloca en empresas y entidades públicas y semi-públicas, que no para de aumentar el gasto público, el cual se incrementó en un 5% en 2021 respecto a 2020, consolidándose por encima del 50% del PIB, es decir, que el gasto público de España está por encima de la mitad de todo lo que produce el país entero, y no solo eso, la deuda no deja de incrementar. En 2018, cuando Pedro Sánchez se hizo cargo del ejecutivo, la deuda pública se situaba en 1.208.861 Millones de euros, o lo que es lo mismo, el 100,5% del PIB. Actualmente la deuda se sitúa en 1.427.235 Millones de euros, un 118,40% del PIB, lo que implica que si todo el valor de todos los bienes y servicios producidos en este año, se destinaran exclusivamente a pagar toda la deuda pública, no se pagaría por completo. Obviamente esto es imposible, pero es un simple ejercicio mental que nos ayuda a ver cómo nos estamos endeudando por encima de nuestras posibilidades.
Como conclusión, que el Gobierno del Gasto y el Derroche, venga a dar lecciones de ahorro a unos autónomos, PYMES, empresas, familias, y en general, a una economía aún maltrecha por el efecto de la actual crisis derivada del COVID, es una broma de mal gusto.